Decimos NO a la Ley Antiterrorista.

Ante la reciente sanción de la Ley Antiterrorista nos vemos en la necesidad de expresar nuestra preocupación y rechazo a esta medida impulsada por el Poder Ejecutivo. Entendemos que marca un hito muy delicado en la jurisprudencia nacional. Por un lado, en términos simbólicos, por la memoria reciente del 19 y 20, y también por el Terrorismo de Estado que destrozó todos los sueños de una generación, es que no podemos permitir que se reglamente. Y por otra parte, en términos materiales, sienta las bases para la criminalización legal de la protesta social y la persecución hacia los derechos constitucionales que tiene la sociedad de manifestarse públicamente.
¿Por qué decimos esto? La ley plantea en el  artículo 41 “duplicar la pena para todos aquellos delitos del Código Penal que se cometieran con la finalidad de ‘aterrorizar’ a la población o de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Es decir que aquellas masivas movilizaciones en pos de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que intentaban ejercer presión social para generar visibilidad a esta larga lucha, pueden ser interpretadas como una manera organizada de sembrar el terror en la población y obligar a autoridades gubernamentales a realizar determinados actos.
A su vez, también señala que aquel que "tenga un plan de acción destinado al odio étnico, religioso o político" puede ser condenado si se comprueba, entre otras cuestiones, que ese hecho estaba previamente organizado. Así, cualquier marcha de las tantas que han ocurrido este año repudiando el accionar del gobierno de Mauricio Macri podrían ser consideradas actos de odio político provocando la inmediata calificación de terrorista a aquellos que organizaron y/o marcharon.  
La vaguedad en los conceptos y la falta de definiciones claras es lo más alarmante ya que estas imprecisiones y amplitudes permiten, potencialmente, criminalizar y perseguir a los actores sociales, colectivos o individuales, que se manifiestan en pos de luchar por determinadas reivindicaciones o derechos.
Además, creemos que el hecho de que la ley sea impulsada a instancias de la “sugerencia” o “pedido” de organismos internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para que Argentina pueda participar del G-20 es un atentado contra la soberanía nacional al cual debemos oponernos firmemente, ya que como señala el juez Eugenio Zaffaroni, “nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes, nos va a sancionar económicamente, cuando originalmente el organismo no tiene facultades para hacerlo, ya que su función es emitir recomendaciones a los gobiernos”.

Si bien en el proceso abierto en los últimos ocho años el kirchnerismo ha producido avances concretos en la defensa y promoción de los derechos humanos, la sanción de la Ley Antiterrorista es un claro paso atrás en este camino. En línea con las reivindicaciones que siempre hemos defendido, nuestros vínculos con organismos de derechos humanos, y en conjunto con otras voces del campo popular que se están pronunciando en contra de esta norma, desde la Agrupación el Mate planteamos la urgente necesidad de la derogación de la Ley Antiterrorista.